El asesinato de un cuarto ecologista, que rechazó un proyecto de minería metálica en una zona rural, muestra la debilidad de los activistas en este país, que desde 1994 arrastra el estigma de ser el segundo más deforestado después de Haití, según el Banco Mundial.
Juan Francisco Durán tenía 30 años el día que participó en una movilización contra los proyectos de minería metálica en su poblado natal, en Ilobasco, ubicado a unos 60 kilómetros al noreste de la capital salvadoreña.
El Banco Mundial indica que para el año 2030 El Salvador enfrentará déficit de agua.
Mientras repartía hojas volantes, un vehículo con vidrios ahumados pasó frente a la concentración de activistas y, luego presuntos miembros de una pandilla llegaron a echar un vistazo. Eso es lo que recuerdan sus compañeros.
El miércoles 3 de junio, Juan Francisco subió a un autobús con rumbo hacia San Salvador porque tenía clases en la universidad donde estudiaba idiomas; pero nunca llegó a su destino.
Su cuerpo fue encontrado en un escampado de un vecindario del este de la capital con dos tiros en la cabeza y la policía presumió que era pandillero. Después fue enterrado como desconocido en una fosa común, hasta que fue encontrado por su padre.
Sin protección
Según el estudio "Impactos de la minería aurífera en El Salvador", realizado por Cáritas, El Salvador y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en antiguos proyectos ejecutados en este país centroamericano en los años '70, todavía se puede medir concentraciones de cianuro de 2 a 6 mg/l, de arsénico de 0.5 a 0.7 mg/l y de plomo de 0.3 a 0.5 mg/l.
El documento expone que la ley de minería vigente no contempla un enfoque de protección ambiental y que el proyecto repercute en la salud de los habitantes por la contaminación por cianuro.
El uso de agua para la lixiviación, que es el proceso con el cual se obtiene un sólido mediante el uso de un disolvente líquido, sería de unos 10 litros por segundo, equivalente a unos 900.000 litros por día en cada mina, dice el trabajo de investigación.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la densidad poblacional en El Salvador (más de 250 habitantes por km²) ejerce una presión sobre los recursos naturales que casi ha eliminado la vegetación natural del territorio.
De hecho, la FAO estima que el remanente de bosque original es de apenas un 2% en un país que posee una extensión territorial de 20.742 km².
El Banco Mundial indica que para el año 2030 El Salvador enfrentará un déficit de agua, mientras que la viceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, sostiene que éste "es el único país de Centroamérica que está a punto de llegar al estrés hídrico", es decir que está cerca de quedarse sin fuentes acuíferas.
Previos asesinatos
En 2002 una empresa de capital canadiense-estadounidense empezó labores de exploración minera en el departamento de Cabañas, 65 kms al noreste de la capital.
A cambio, encontró la oposición de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y de la Iglesia Católica salvadoreña.
La Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), que era presidida por el ambientalista Marcelo Rivera, fue una de las principales promotoras en la zona contra las exploraciones de la empresa minera, a la que responsabilizaron de dividir a la comunidad y secar mantos acuíferos.
En la imagen, un grafiti alegórico contra la minería en el departamento de Cabañas.
En junio de 2009, Rivera fue secuestrado. Su cadáver fue hallado al fondo de un pozo seco con señales de tortura.
Tras la acusación de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, la superintendente de Protección de Medio Ambiente de Pacific Rim en El Salvador, Ericka Colindres, defendió la integridad de la transnacional y atribuyó la violencia a conflictos particulares.
Colindres aseguró que la empresa aplicaría controles para que las aguas residuales recibieran tratamientos descontaminantes antes de ser devueltas al río en los proyectos de extracción de metales en Cabañas.
Los asesinatos "no fueron al azar"
Pero la tensión persistió y unos desconocidos intentaron secuestrar al sacerdote Luis Quintanilla y, más tarde, asesinaron a los activistas Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto Rodríguez, que estaba embarazada de ocho meses.
Francisco Pineda, quien es el fundador del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), no puede negar a BBC Mundo la desolación que atraviesan tras el último asesinato.
Pineda ganó hace unos meses el premio de la Fundación Goldman por su activismo y vive acompañado de dos escoltas policiales debido a las amenazas de muerte que recibe.
"No creo que el asesinato de Juan Francisco fue al azar. Los asesinatos previos fueron bien pensados. Él era considerado un líder con suficiente criterio o conciencia acerca del problema de la minería", dice Pineda a BBC Mundo.
"Para mí el mensaje es bien claro, sean hombres, mujeres y jóvenes, nos dicen: No queremos que nadie ande metido en defender el medio ambiente", vaticina.
Alejandro Díaz de Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica advierte a BBC Mundo que "en Cabañas hay una estructura que funciona a la usanza de los escuadrones de la muerte".
Cabañas, zona peligrosa
"Cabañas es una zona peligrosa para los ecologistas", dice a BBC Mundo Luis González, miembro de la Mesa contra la Minería Metálica, que ha pedido a las autoridades investigar a los gobiernos locales y las empresas extranjeras.
Por su parte, el subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, descartó que las muertes estén relacionadas con el activismo ecológico.
"El hecho de que un grupo de personas estuviera a favor y otro en contra de la minería tiene alguna incidencia en esta situación que se ha generado, pero en ningún momento estamos hablando de la participación directa o intelectual de Pacific Rim en los hechos de violencia", recalcó Cotto.
Los ambientalistas, sin embargo, insisten en profundizar en los casos.
"Para las autoridades la gente que muere por la minería es un muerto más por la violencia. No miran que hay causas superiores", puntualiza González.
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